• Carátula: COCCA, RUBEN EDUARDO c/ AJO, MARIA DELIA -INCIDENTE DE LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL- s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
  • Fecha: 05/09/2006
  • Tribunal: Corte Suprema de Justicia
  • Jueces: Roberto Héctor FALISTOCCO - María Angélica GASTALDI - Rafael Francisco GUTIERREZ - Eduardo Guillermo SPULER -
  • Fuente: Fuente Propia
  • N° de expediente: 00095
  • Año de causa: 2005
  • N° de tomo: 215
  • N° de página de inicio: 399
  • N° de página de fin: 404
  • Cita: 22546/12
  • N° de SAIJ:
  • N° de CUIJ: - -

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Reg.: A y S t 215 p 399-404.
En la ciudad de Santa Fe, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "COCCA, Rubén Eduardo contra AJO, María Delia -Incidente de liquidación Sociedad Conyugal sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro 95, Año 2005). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores Spuler, Gutiérrez, Gastaldi y Falistocco.
A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:
1. En la presente causa Rubén Eduardo Cocca promovió incidente de calificación de bienes de la sociedad conyugal contra María Delia Ajo; en tal oportunidad, y en lo que interesa al sub examine- sostuvo que entre los bienes que integraban el acervo conyugal se contaba un departamento ubicado en el piso 8 del block B del Edificio Atlántida (en calle 1° de mayo 953 de la ciudad de Rosario), adquirido conforme escritura de fecha 18 de mayo de 1992, señalando que no obstante que en dicha escritura "surge que el 50 % se adquirió con bienes propios de quien fuera mi esposa, tal constancia fue consecuencia de insoportables presiones a las que ésta me sometiera, (...) la realidad de los aportes realizados a la sociedad conyugal y de la naturaleza de los mismos es exactamente la contraria a la que se expresara en la mencionada escritura, es decir, el 50 % se realizó mediante aportes que realizara el suscripto con el producto de la venta de bienes adquiridos con anterioridad a la celebración del matrimonio y solamente el restante 50 % tiene naturaleza ganancial".
Añadió que "lo expresado en la escritura pública en el sentido (de) que los dineros de la accionada provenían de una donación que le hiciera la madre a la accionada es completamente absurdo y falaz", por lo que correspondía restablecer la realidad en cuanto a la naturaleza de los bienes que integran el acervo de la sociedad conyugal, siendo lo contrario violatorio del régimen de bienes establecido con carácter de orden público por el Código Civil (fs. 22/27, expte. 402/99).
Contestada la demanda (fs. 123/129) y tramitada que fuera la causa, mediante sentencia de fs. 455/465 el señor Juez del Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de la ciudad de Rosario -en lo que interesa- hizo lugar parcialmente a aquélla y declaró que el inmueble antes referido "se reputa ganancial de ambos cónyuges", reconociendo a Rubén Eduardo Cocca "un crédito a su favor por el noventa y seis por ciento de la cuarta parte del valor" del mismo, porcentaje aplicable igualmente a la adjudicación de los muebles que acceden a él.
Para así resolver consideró el Oficio que, atento al carácter de orden público del régimen patrimonial matrimonial, "los cónyuges no pueden atribuir por su voluntad el carácter propio o ganancial a los bienes que formen el capital o que hubieran sido adquiridos durante la existencia de la sociedad, sino que dicha calificación resulta impuesta por el origen de las adquisiciones conforme a las previsiones de los arts. 1261, 1263, 1264, 1266, 1267, 1271, 1272, 1273 y concs. del C.C.", siendo necesario que la calificación de los bienes se ajuste a la realidad.
Tras señalar que en el caso resultaba aplicable el artículo 1246 del Código Civil, expresó cuando la mujer casada efectúa declaraciones como la formulada en la escritura de compraventa del inmueble, debe hacerse "la suficiente, preferentemente documentada, individualización del origen de esos dineros o bienes propios, a fin de impedir cualquier atisbo de recalificación", siendo ello "requisito ineludible frente a terceros y también entre los esposos (art. 1266 y 1264 C.C.)", pues lo contrario determina la aplicabilidad de la regla del artículo 1271. Y en el caso, prosiguió, no estaba probado que la madre de la señora Ajo haya tenido efectivamente dinero depositado en una caja de seguridad del Banco Municipal a la cual tenía acceso el matrimonio Cocca-Ajo, ni tampoco resultaban suficientes los dichos de testigos sin conocimiento personal y directo, mientras que por otra parte estaba acreditado que Cocca había vendido -en fechas 31 de mayo de 1990 y 8 de julio de 1991- sus propiedades de calle San Martín 446, y había efectuado retiros de utilidades en el período de tiempo en que se adquiere la vivienda cuya calificación se cuestiona.
Sin perjuicio de ello, observó que la manifestación del origen propio de los fondos empleados, en caso de que el cónyuge haya presenciado el acto y dado su conformidad, sólo podría impugnarse con fundamento en la existencia de algún vicio del consentimiento o de simulación; y que en autos resultaban creíbles los testimonios de "allegados a las partes y parientes" para demostrar "la existencia de explotación de inferioridad caracterizada en el caso por la necesidad, traducida en la falta de libertad a la cual se llega por presiones sobre la persona", afectando concretamente a Cocca, en una situación que no podía separarse de un conjunto de circunstancias "que apuntan a una finalidad más trascendente, cual era la de poder equilibrar la posición conyugal con la supuesta afectación de la esposa en la legítima para el albur de fallecer el marido antes que ella y tener que compartir un valioso inmueble con las hijas del primer matrimonio del cónyuge".
A renglón seguido expresó que existiendo acuerdo entre las partes en cuanto a que la mitad del inmueble es ganancial, restaba dilucidar la importancia del aporte de la venta de los dos departamentos y cochera de la calle San Martín pertenecientes a Cocca en calidad de propios, venta efectuada en época próxima a la realización del boleto de compraventa del departamento en disputa -lo que hace "presumir la utilización de ese dinero en las entregas iniciales"- y que, según los cálculos efectuados en el fallo, equivalía a 16.800 dólares, que a su vez representaban el 48 % de los 35.000 dólares que son iguales a la mitad de los 70.000 dólares en los que la perito interviniente valuó el inmueble al mes de junio de 1990, cuando se realizó el boleto de compraventa antes aludido, por lo que en definitiva "es igual al noventa y seis por ciento de la cuarta parte del total".
Por ello, y no obstante haber sido adquirido el bien con fondos en parte propios y en parte gananciales, al no existir en nuestro derecho un "condominio entre cónyuges y sociedad conyugal", el inmueble debía ser calificado como "ganancial", porque "de esa manera se respeta la categoría de fondos que en mayor medida han concurrido a integrar su precio", sin perjuicio de reconocer al cónyuge que efectuó el aporte propio "un crédito por el porcentaje establecido".
"Conforme a lo expuesto queda desvirtuada la presunción del art. 1271 del C.C., pero sólo en el tanto por ciento estimado y se hace lugar parcialmente a la demanda, estableciendo que el inmueble de calle 1° de mayo 953, piso 8°, de Rosario es ganancial, de titularidad conjunta, e indicar que corresponde un crédito a favor del actor por el noventa y seis por ciento (96 %) de la cuarta parte del valor del citado inmueble, y de idéntica manera se habrán de adjudicar los bienes muebles que acceden al citado inmueble (...)".
Deducida revocatoria, la misma fue desestimada por el tribunal en pleno mediante decisorio de fs. 482/484, señalándose en tal oportunidad que, en cuanto a la pretendida omisión de considerar la defensa fundada en la violación a la doctrina de los actos propios, la accionada no la había invocado al contestar la demanda "y los autores señalan que la misma opera como defensa sustancial o de fondo y debe ser opuesta al contestar la demanda"; que, en cuanto a que la calificación del bien se habría instrumentado en oportunidad de redactarse la escritura pública, ello no era sí pues "la calificación no depende de la voluntad de las partes aunque ella se manifieste en un instrumento público", sino que es legal e imperativa; y finalmente, que el recurso "no cuestiona la acreditación pergeñada a través de la prueba testimonial, documental e informativa que sustentan el fallo en crisis, específicamente lo relativo a la venta de dos departamentos y cochera cuya titularidad tenía el marido desde antes de casarse, en distintos porcentajes en dos operaciones a los mismos compradores por parte del mismo y la correlativa compra de la nueva unidad sede del hogar conyugal, la incorporación del cónyuge para el acceso a la caja de seguridad cuyos titulares eran la esposa y su madre, la circunstancia temporal -divorcio anterior, hijas de ese matrimonio, no perjudicar al cónyuge actual- que atravesaba el esposo, lo cual conforme a las reglas de la sana crítica hace que el Juez de trámite traduzca en la necesidad y la falta de libertad del mismo. Sólo se menciona que la `presión irresistible´ que se menciona en la demanda no se acerca al error, dolo o violencia que puedan transformarse en vicios de la voluntad, susceptibles de atacar la afirmación contenida en el instrumento público".
Interpuesto recurso de apelación extraordinaria (fs. 486/490), y denegada que fuera su concesión por el Tribunal de origen (fs. 510/511 v.), la demandada ocurrió en queja ante la Alzada.
Finalmente, por auto de fs. 31/v., la Sala Cuarta -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial resolvió "declarar bien denegado el recurso de apelación extraordinaria".
2. Contra tal pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad -artículo 1, inciso 3°, ley 7.055- agraviándose, en lo que interesa, de que el a quo descalifica o "pretende descalificar un principio general del derecho como es el venir contra factum (sic) llamándole doctrina pretoriana", eludiendo mediante excusas la solución de un "problema jurídico grave" que priva al justiciable de solución "en el tribunal superior" (fs. 35/38).
Por auto de fs. 49/50 la Sala denegó la concesión del recurso, accediendo la impugnante a la instancia extraordinaria por vía de queja (resolución registrada en A. y S., T. 205, pág. 129).
3. El nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a rectificar el criterio que sustentara este Cuerpo en oportunidad de admitir la queja, al comprobar que el agravio esgrimido en el recurso de inconstitucionalidad (pues claro está que no cabe atender las argumentaciones y planteos introducidos tardíamente en el escrito de queja) carece de virtualidad para hacer excepción al criterio conforme al cual las cuestiones relativas a la interpretación de normas de derecho común y a la valoración de extremos de hecho y prueba en principio no deparan materia idónea en orden al acceso a la vía intentada, que -como se ha destacado en reiteradas oportunidades- no constituye una tercera instancia ordinaria ante la cual los recurrentes puedan cuestionar decisiones equivocadas o que estimen tales según sus particulares interpretaciones, ni tiene por objeto permitir la sustitución de los criterios adoptados por los juzgadores en el ejercicio de funciones privativas (cfr. R. A. y S., T. 54, pág. 382; T. 55, pág. 212; T. 59, pág. 319; T. 62, pág. 386; T. 64, pág. 259, etc.; en sentido concordante, Fallos, 297:29; 297:117; 297:291: 300:1039; 301:1062; 306:143; 307:234; 311:1950; 313:1222, entre otros), máxime cuando la sentencia se funda en argumentos que, aunque sean opinables, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial (Fallos, 302:175;308:986, etc.).
En el caso, cabe recordarlo, la Alzada desestimó el recurso directo por considerar que no se configuraba el "apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley" invocado por la impugnante en el escrito de interposición de la apelación extraordinaria, atento a que no surgía "que lo resuelto en el punto por el a quo se apoye en una aplicación de fundamentos normativos `irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador´ ", debiendo destacarse "la extensión y seriedad de las razones hechas valer por el a quo" y que "la interpretación normativa propiciada por la recurrente no es pacífica".
Frente a tales consideraciones, la recurrente se limita a postular que lo decidido resulta arbitrario por haberse excluido la aplicación de la doctrina de los actos propios -que sería operativa toda vez que al comprar el departamento en discusión los compradores manifestaron "que efectúan esta compra de la siguiente forma: el cincuenta por ciento en partes iguales, es decir un veinticinco por ciento del total para cada uno de los cónyuges, y el restante cincuenta por ciento lo compra María Delia Ajo, con dinero propio proveniente de una donación que le efectuara su madre en efectivo, antes de este acto" (vide testimonio obrante a fs. 240)-, sin cumplir siquiera mínimamente con la carga de demostrar la irrazonabilidad de la tesis de la Alzada cuando entendió que el recurso de apelación extraordinaria era inadmisible, carga que resultaba de inexcusable cumplimiento si se atiende también a que el criterio revisor del fallo de baja instancia -más allá del laconismo del discurso justificatorio respectivo- se ajusta a la larga línea de precedentes de este Cuerpo aplicables a la materia (vide R. A. y S., T. 103, págs. 1 y 63; T. 158, pág. 81; T. 174, pág. 370, entre muchos otros). Dicha conclusión se reafirma al reparar en que -si bien se mira- carece incluso de asidero en las concretas constancias de autos la postulación de que no se habrían ponderado las consecuencias de la conducta del actor al firmar la escritura mencionada ut supra, pues no otra cosa hizo el Tribunal Colegiado (e implícitamente la Sala, al validar sus conclusiones) cuando entendió que el punto decisivo era determinar la realidad de los fondos aportados para la adquisición del inmueble, con independencia de lo afirmado por las partes, por exigirlo así el orden público comprometido en el régimen patrimonial matrimonial, insusceptible de verse modificado por convenciones entre los cónyuges (pues sabido es que "pactis privatorum juri publico non derogatur" o, como se lee en el Digesto, "privatorum conventio juri publico non derogat" -50.17.45, § 1; vide, también, Broom, Herbert, "A Selection of Legal Maxims", 7th ed. americ., T. & J. W. Johnson &. Co, Philadelphia, 1874, pág. 695-; artículo 21 del Código Civil; Fallos, 316:382; 324:4199), extremo que habilita a recordar que, ya en sus formulaciones originarias entre glosadores y postglosadores, el principio expresado a través del brocárdico "nemo contra factum suum venire potest"-que se funda en elementales consideraciones de justicia y buena fe- era precisamente inaplicable cuando con el mismo se pretendía conferir virtualidad a actos contra legem, canon del cual se ha hecho eco la Corte Suprema de Justicia al exigir, a la hora de hacer valer dicho principio, que la conducta anterior haya sido "jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (vide Fallos, 316:1802; "Argencard", 21 de marzo de 2006, entre otros), a punto tal que son merecedores de reproche constitucionales los decisorios que, vale la pena insistir, "han extendido desmesuradamente los alcances del principio venire contra factum proprium nulli conceditur, (pues) si bien es cierto que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior (...) no lo es menos que ese comportamiento debe ser deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. Fallos, 275:235, 458; 294:220; 300:480 y 307:1602, entre muchos otros" (Fallos, 313:367).
En tales condiciones, y siendo que el basamento esencial del pronunciamiento permanece incólume al no haber sido controvertido eficazmente (vide Fallos, 301:651; 302:540; 308:2262, etc.) la pretendida tacha de arbitrariedad no traduce in concreto más que la mera discrepancia de la impugnante con la solución adoptada por los jueces de la causa en un caso que -como ella misma lo reconoce- aparece como "polémico" (vide fs. 37) y que, por tal motivo, admitía más de una respuesta correcta (no necesariamente la sustentada por Ajo, como es obvio), todo lo cual se traduce a ratificar que la impugnación intentada deviene ajena a la instancia extraordinaria.
Por ello, y no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 64/65 voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros Gastaldi y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.
Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros Gastaldi y Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.
A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro doctor Spuler dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).
Así voto.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros Gastaldi y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.
En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso, con costas.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.
FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)

Sumarios del fallo 2


PROCESAL

Tesauro > TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS > APLICACION

TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS. APLICACION.

Ya en sus formulaciones originarias entre glosadores y postglosadores, el principio expresado a través del brocárdico "nemo contra factum suum venire potest"que se funda en elementales consideraciones de justicia y buena fe era precisamente inaplicable cuando con el mismo se pretendía conferir virtualidad a actos contra legem, canon del cual se ha hecho eco la Corte Suprema de Justicia al exigir, a la hora de hacer valer dicho principio, que la conducta anterior haya sido "jurídicamente relevante y plenamente eficaz", a punto tal que son merecedores de reproche constitucionale s los decisorios que "han extendido desmesuradamente los alcances del principio venire contra factum proprium nulli conceditur, (pues) si bien es cierto que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior (...) no lo es menos que ese comportamiento debe ser deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. (Doctrina: Digesto, "privatorum conventio juri publico non derogat" -50.17.45, § 1; vide, también, Broom, Herbert, "A Selection of Legal Maxims", 7th ed. americ., T. & J. W. Johnson &. Co, Philadelphia, 1874, pág. 695) (Citas: CSJN Fallos, 316:382; 324:4199; Fallos, 316:1802; "Argencard", 21 de marzo de 2006, Fallos, 275:235, 458; 294:220; 300:480 y 307:1602, Fallos, 313:367) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 21.



CONSTITUCIONAL - CIVIL

Tesauro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO CONSTITUCIONAL > DERECHO COMUN. CUESTION OPINABLE
Tesauro > SOCIEDAD CONYUGAL > DISOLUCION
Tesauro > MATRIMONIO > REGIMEN PATRIMONIAL > CALIFICACION DE BIENES
Tesauro > BIENES GANANCIALES
Tesauro > TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. REQUISITOS PROPIOS. CUESTION NO CONSTITUCIONAL. DERECHO COMUN. CUESTION OPINABLE. SOCIEDAD CONYUGAL. LIQUIDACION. INCIDENTE DE CALIFICACION DE BIENES. BIENES GANANCIALES. TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS.

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia que hizo lugar parcialmente al incidente de calificación de bienes de la sociedad conyugal estableciendo que el inmueble en cuestión era ganancial, de titularidad conjunta, pero correspondiendo un crédito a favor del actor, desde que la misma se funda en argumentos que, aunque sean opinables, resultan suficientes para sustentarla e impiden su descalificación como acto judicial. En el caso, la recurrente postula la arbitrariedad de lo decidido por haberse excluido la aplicación de la doctrina de los actos propios que sería operativa toda vez que al comprar el departamento en discusión los compradores manifestaron "que efectúan esta compra de la siguiente forma: el cincuenta por ciento en partes iguales, y el restante cincuenta por ciento lo compra la demandada, con dinero propio proveniente de una donación que le efectuara su madre en efectivo, antes de este acto" pero sin cumplir siquiera mínimamente con la carga de demostrar la irrazonabilidad de la tesis de la Alzada, quien desestimó el recurso directo por considerar que no surgía "que lo resuelto en el punto por el a quo se apoye en una aplicación de fundamentos normativos 'irrazonables y producto de una lucubración imposible por parte del juzgador'. Y carece de asidero la postulación de que no se habrían ponderado las consecuencias de la conducta del actor al firmar la escritura mencionada, pues no otra cosa hizo el Tribunal Colegiado (e implícitamente la Sala, al validar sus conclusiones) cuando entendió que el punto decisivo era determinar la realidad de los fondos aportados para la adquisición del inmueble, con independencia de lo afirmado por las partes, por exigirlo así el orden público comprometido en el régimen patrimonial matrimonial, insusceptible de verse modificado por convenciones entre los cónyuges. En tales condiciones, la pretendida tacha de arbitrariedad no traduce in concreto más que la mera discrepancia de la impugnante con la solución adoptada por los jueces de la causa en un caso que como ella misma lo reconoce aparece como "polémico" y que, por tal motivo, admitía más de una respuesta correcta. (Citas: CSJN Fallos, 302:175;308:986; Fallos, 301:651; 302:540; 308:2262)